Días atrás muchas calles de Mendoza amanecieron con estos carteles que llamaron la atención porque aún no comenzó la campaña electoral. Y porque tampoco se va a elegir gobernador en las próximas elecciones. ¿Qué busca Jorge Difonso con este movimiento anticipado? La respuesta es clara: volver a posicionarse como figura política a partir de un eje que usufructuó durante los últimos 20 años: la oposición a la minería.

Difonso pretende proyectarse hacia el futuro como un defensor de los recursos naturales y la producción tradicional. Pero en realidad ha sido un actor central en el estancamiento estructural que viene sufriendo Mendoza. Sus motores tradicionales como petróleo, agro, vitivinicultura y servicios, ya no traccionan como antes y han perdido impulso por cambios en los mercados y limitaciones internas. A pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos locales, que han ayudado a ralentizar caídas o han logrado algunas reactivaciones. La cuenca petrolera convencional declina, la no convencional todavía no arranca, el turismo y el comercio sufren la volatilidad macroeconómica y la vitivinicultura enfrenta un menor consumo global con una fuerte concentración. El agro, además, necesita inversiones que muchos actores no pueden afrontar.

Mientras provincias como San Juan han aprovechado las últimas dos décadas para desarrollar minería moderna y sostenible generando ingresos fiscales, creando empleos y construyendo infraestructura, Mendoza se quedó mirando desde la banquina. La comparación con San Juan no es gratuita: esa provincia está logrando unir su desarrollo minero con industrias locales, diversificar su economía y proyectarse internacionalmente. En cambio, Mendoza, por decisiones como las que impulsó Difonso, ha resignado oportunidades de inversión, empleo y progreso. El uso sistemático del miedo para pronosticar desastres ambientales apocalípticos y la tergiversación de los hechos, han sido las herramientas comunicacionales y políticas que dirigentes como Difonso usaron para que la ciudadanía rechazara “preventivamente” a la industria minera. Nos comimos el cuento, nos quedó la falta de trabajo y la pobreza.

Queriendo enfrentar dos actividades -minería y agro- que pueden convivir y asociarse en forma virtuosa como lo muestran ejemplos en Perú y Chile, Difonso está empeñado en instalar una narrativa mentirosa: que Cornejo “le está sacando el agua a la agricultura para dársela a la minería”. Esto es rotundamente falso. Primero porque en la legislación de Mendoza, el consumo humano y el agrícola tienen prelación absoluta en el uso del agua por sobre la minería. Segundo, porque el agua que necesita la minería – en cantidades muy inferiores a otras actividades-, se reutiliza en circuitos cerrados para aprovecharla una y otra vez. Difonso busca en forma permanente asociarle connotaciones negativas a la minería y responsabilizarla de problemas que padece el agro, a pesar de que Mendoza aún no tiene un desarrollo minero.

Si el gobierno de Mendoza dejó de gastar en aviones, pilotos y bengalas para destinar esos fondos a seguros agrícolas que compensen en tiempo y forma a productores afectados por el granizo, para Difonso es porque Cornejo quiere que desaparezcan los cultivos así hay más agua para la minería. Si se moderniza el Código de Aguas y se prepara un plan hídrico maestro para afrontar los complejos escenarios futuros, para Difonso es porque Cornejo busca mercantilizar el agua en favor de la minería. Si el gobierno nacional propone cambios en la ley de glaciares -tan extrema que prohibe actividades y obras en zonas con rocas congeladas sin valor hídrico-, para Difonso es porque Milei (y obviamente Cornejo) quieren derretir los glaciares para entregarles el agua a la minería. Bajo esta ley, hasta la construcción de un túnel a Chile sería imposible. Pero para Difonso, siempre es Cornejo el que le está dando el agua del agro a la minería.

La minería no pone en riesgo el agua. No solo porque los proyectos se evalúan con rigurosidad ambiental, sino porque todo desarrollo actual debe hacerse en el marco de la ley 7722, norma que no está en discusión. La minería que hoy se plantea cumple estrictamente con esa legislación. Usar la ley 7722 como escudo para oponerse al desarrollo minero es una estrategia cínica. Acá lo único que se está contaminando es la verdad y no justamente por la minería.

Difonso hizo de la antiminería su pyme electoral, su trampolín político. Habiendo sido previamente concejal y senador provincial, partir de la Ley 7722, todo fue en camino ascendente. Fue tres veces intendente, dos veces diputado provincial, quiso candidatearse a diputado nacional y soñó con ser gobernador.

¿Y qué pasó con Mendoza? ¿Se cuidó más el agua? ¿Mejoró la infraestructura hídrica? ¿Tuvo progreso agrícola? Nada de eso ocurrió. Lo único que prosperó fue la carrera política de Jorge Andrés Difonso, no la economía mendocina ni la situación de tantos comprovincianos sin trabajo.

Mientras tanto, Cornejo eligió otro camino. En su segundo mandato como gobernador decidió apostar por dos grandes líneas de transformación estructural: la incorporación de la minería como nueva palanca económica y el desarrollo de infraestructura productiva y energética con el uso del Fondo de Resarcimiento.

Sin limitarse a solo gestionar el presente, se propuso generar condiciones para que Mendoza pueda atraer inversiones, diversificar su matriz productiva y fortalecer sectores como la metalmecánica, la construcción, la logística, la tecnología y los servicios, entre otros, que se encadenan naturalmente con la actividad minera. Además, con los recursos extraordinarios promovió un esquema inteligente: inversiones que contribuyan a mejorar productividad o que tengan una estructura de repago, para generar un circuito de retorno y reinversión.

Todo lo contrario al estilo Difonso, que en plena pandemia planteó usar los fondos de Portezuelo del Viento para comprar vacunas. Un proyecto demagógico, que hubiera licuado recursos que hoy están siendo utilizados en infraestructura estratégica. Si Mendoza le hubiera hecho caso, hoy no habría ni vacunas ni obra pública. No es nueva esa práctica de proponer soluciones facilistas para resolver asuntos complejos. O de hacer gestos ampulosos destinados al impacto mediático. “Fulbito pa’ la tribuna”, como se suele decir. Como cuando hizo una colecta de agua para Jáchal, luego del incidente del derrame de solución cianurada en la mina de Veladero, en el cual no se registraron muertes humanas, daños irreversibles a la flora y la fauna, ni se afectó el suministro de agua potable para la población.

¿Cornejo o Difonso? La comparación es elocuente. Uno muestra con gestión y evolución un camino hacia una necesaria transformación productiva. El otro un legado que no es la mejora de la producción, ni el fortalecimiento del agro, ni la defensa del agua con hechos concretos, sino el haber frenado durante dos décadas la posibilidad de que Mendoza despegue como otras provincias sí lo hicieron.

Difonso, además, se caracterizó por proponer con porfía el cambio del huso horario de Mendoza, para atrasar los relojes una hora en otoño e invierno. Paradójicamente, tanto insistió que lo terminó logrando… pero no por una hora, sino por veinte años. Por eso, cuando se postula como “el defensor del futuro”, conviene recordar su verdadero impacto: fue el hombre que le atrasó 20 años el reloj a Mendoza. Y ese es un precio demasiado alto como para pagarlo otra vez.

Entonces… ¿Cornejo o Difonso?

Por Guillermo Mosso, diputado provincial por Cambia Mendoza.

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